Un fallo inédito obligó a un hombre a compensar a su exesposa con $8 millones por resignar su desarrollo profesional al haberse dedicado a las tareas del hogar

El fallo de primera instancia que había condenado a un hombre a resarcir a su exesposa de 70 años con $8 millones fue ratificado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

De manera inédita, el fallo tuvo en cuenta la perspectiva de género a la hora de ratificar la condena, al remarcar que durante 27 años la mujer subordinó su desarrollo profesional a las tareas del hogar.

El fallo puntualizó en el proyecto familiar de la pareja, el cual se regía de acuerdo a la división tradicional/patriarcal de roles: él desarrollaba su labor profesional de manera tradicional, mientras ella se quedaba en la casa trabajando en las tareas domésticas y en el cuidado de les hijes. En esta línea, una vez disuelto el matrimonio, el equilibrio del proyecto conyugal también se disolvió y al no haber podido desarrollar su profesión y al haber quedado fuera del mercado laboral por tener 70 años, la mujer quedó en inferioridad de condiciones económicas en relación a su exmarido. A su vez, la jueza expresó que, debido a la falta de aportes, la mujer se vio impedida de acceder a una jubilación, lo que vulnerabilizó aún más su condición económica.

La importancia del fallo excede la suma económica del resarcimiento, ya que evidencia que una parte del Poder Judicial de nuestro país empieza a tener perspectiva de género a la hora de emitir las sentencias. Al tener en cuenta la vulnerabilidad económica de una mujer que resignó su labor profesional para dedicarse al trabajo doméstico, -el cual no es reconocido como trabajo en sí-, el fallo pone énfasis en el cuestionamiento de los vínculos patriarcales propios de la división tradicional de los roles familiares. Asimismo, hace visible la necesidad de que la labor doméstica sea reconocida como trabajo no pago, al puntualizar en la vulnerabilidad de las mujeres que, al haberse dedicado toda su vida al hogar, no pueden acceder a una jubilación.

Una vez más, eso que llaman amor es trabajo no pago.

Debate en el Consejo de la Magistratura para impulsar que haya más mujeres juezas

Las mujeres representan el 57% del total del personal del sistema judicial, sin embargo a medida que se asciende en las jerarquias este número se va reduciendo. Las mujeres constituyen el 44% de los magistrados, defensores y fiscales; y sólo un 27% de los ministros de la Corte, defensores y procuradores generales.

El día jueves se realizó una jornada en el Consejo de la Magistratura de la Nación, "Efectiva participación de la mujer en la integración de temas para magistrados". Allí se presentaron datos del Mapa de Género elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.

Fue organizado por la presidente de la Comisión de Reglamentación del organismo, la senadora Inés Brizuela y Doria (UCR-Cambiemos), y su vicepresidente, el diputado Eduardo De Pedro (Frente para la Victoria), para debatir cómo superar esta falta de paridad de género entre los magistrados Poder Judicial.

Las consejeras Brizuela y Doria (centro), Sánchez Herrero (izq) y la Directora del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Carmen Storani (der) (Dino Calvo)

Las consejeras Brizuela y Doria (centro), Sánchez Herrero (izq) y la Directora del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Carmen Storani (der) (Fotografías: Dino Calvo)

En la actualidad hay una sola Ministra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay solo dos mujeres sobre 15 integrantes de  la Cámara Contencioso Administrativo Federal; apenas 3 sobre un total de 12 miembros de la Cámara Federal de Casación Penal; y solo una entre los 12 juzgados federales de Comodoro Py. Hay fueros -como el de San Martín, Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), General Roca (Río Negro) o Salta; la Cámara Federal Correccional y Criminal; y la Cámara Electoral en cuya integración no hay mujeres.

Se debatió la composición de las ternas para respetar la representación femenina fue uno de los ejes del debate de la jornada. Desde la exigencia de que haya, al menos, una mujer en la terna a elevar al Poder Ejecutivo, hasta que esté integrada en su totalidad por candidatas femeninas para cubrir cargos en fueros donde no haya mujeres, o haya muy pocas.

También se habló de realizar cambios en los concursos y como se evalúan a los y las magistradas. Incluyendo que sean tenidos en cuenta cursos o capacitaciones de género en los puntajes. También advirtieron sobre la falta de paridad en la composición de los jurados .

24 de Marzo: Memoria, Verdad y Justicia. La violencia sexual también fue terrorismo de Estado.

La tortura psicológica, física, la violación, la picana eran la norma de los centros clandestinos de detención durante la dictadura Cívico militar. Eran parte de un accionar sistemático y cuidadosamente planeado. Las mujeres secuestradas eran llamadas putas y guerrilleras, eran golpeadas, como parte de los métodos de tortura eran violadas.

Muchas mujeres que lograron sobrevivir a los centros clandestinos y luego fueron estigmatizadas “por haberse acostado con los militares”. Se les cuestionó el porqué de esa supervivencia.

Durante el juicio a las juntas en el año 1984 los crímenes sexuales no fueron tipificados como delitos independientes. pasaron años hasta que fueron considerados delitos en el marco del terrorismo de Estado.

El terrorismo sexual se usó para disciplinar y someter a la secuestrada. En un fragmento  del libro “Putas y guerrilleras” (Miriam Lewin, Olga Wornat) relatan cuando el represor Scheller  reveló en una entrevista que el Tigre Acosta había dado la orden expresa a los oficiales de la ESMA que tuvieran “relaciones sexuales” con las detenidas.

1976 Liliana Corti (26) y Horacio

En el año 2012 la Procuradora General de La Nación Alejandra Gils Carbó a través de una resolución ordenó a los fiscales de todo el país que actuaban en causas por delitos de lesa humanidad que implementen las directivas del documento “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Tras la reapertura de las causas, el fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez Daniel Rafecas que investigue a los represores Julio Simón, Samuel Miara y Juan Carlos Falcón por abusos sexuales a detenidos en cautiverio. Fue la primera vez desde la anulación de las leyes de impunidad que se pidió que los abusos sexuales y violaciones sufridas por personas secuestradas en el marco de la represión ilegal fueran investigados por la Justicia Federal.

Desde el año 2010 se dictaron 22 sentencias condenatorias por los delitos de abuso sexual, violación y aborto forzado cometidos durante la última dictadura. Fueron condenadas 95 personas en causas que involucran 99 víctimas. Se estima que este número representa un 20% del total de casos de violencia sexual cometidos.

Durante la dictadura Cívico militar otra forma de apropiarse del cuerpo de las mujeres fue el plan sistemático de apropiación de niños y niñas. Fueron centenares apropiados, luego del secuestro de sus padres o que nacieron en cautiverio en los Centros clandestinos donde funcionaba maternidades.

1983

Abuelas de Plaza de Mayo desde 1977 tiene como objetivo encontrar a sus niños y niñas y restituir su identidad. El trabajo constante de Abuelas permitió avances en diferentes materias, entre ellas el desarrollo de la identificación del ADN por "indice de abuelidad".  Genetistas lo generaron especialmente para poder identificar a los niños y niñas secuestrados en la última dictadura a través del vínculo genético con sus abuelxs. 128 nietxs ya fueron encontrados.

En un nuevo aniversario del último golpe Cívico militar, a 43 años, marchamos por  memoria verdad y Justicia

Sí dudas de tu identidad acércate Abuelas

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