Todes les que menstruamos sabemos cuál es el costo que afrontamos, más aún si usamos toallitas o tampones, ni hablemos si estamos acostumbrades a utilizar protectores diarios.  Si hacemos las cuentas, aproximadamente tenemos que destinar entre 160 y 180 pesos por mes.

Según los últimos datos publicados por el INAM (Instituto Nacional de las Mujeres), el 18,3 por ciento de las mujeres mayores de 14 años no trabaja, no estudia, ni posee ingresos propios. En los varones el porcentaje desciende al 9,9 por ciento. En conclusión, el desempleo afecta más duramente a las mujeres.

Por otra parte, el 26,7 por ciento de las mujeres que son jefas de hogar están a cargo de un hogar monoparental, es decir, con su único ingreso bancan solas a su familia. En esta línea, también hay que poner en eje que las mujeres ganan en promedio un 27 por ciento menos que los varones, dato que agrava el contexto económico femenino.

Como la recolección de datos oficiales refleja binarismos, no existen datos económicos sobre las personas trans, pero si tenemos en cuenta la discriminación laboral que sufre el colectivo, podemos inferir que los mismos no van a ser positivos.

En este contexto, legisladoras de diferentes espacios alzaron su voz para reclamar por los derechos de les sujetes menstruantes. En los últimos dos años se presentaron diferentes proyectos: en CABA, Myriam Bregman; en PBA, Lucía Portos y Micaela Ferraro, y a nivel nacional, la diputada Victoria Donda. Todos ellos señalan a la brecha salarial entre los hombres y mujeres jefas de hogar, lo que hace a este gasto “extra” aún más injusto. También apuntan a romper con el estigma de la menstruación, que les menstruantes debemos soportar desde la preadolescencia. En todos los proyectos se propone, a grandes rasgos, que los productos de gestión menstrual se repartan de forma gratuita por parte del Estado en escuelas (estatales y privadas) y centros de salud a quienes los soliciten, para garantizar a cada sujete menstruante la libertad de elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades.

Lamentablemente, ninguno de estos proyectos llegó a convertirse en ley, o bien no se sancionaron, o perdieron estado parlamentario. El proyecto presentado por Lucía Portos, en mayo de 2017, se encuentra en la comisión de salud pública de la legislatura de la PBA, pero nunca le dieron tratamiento, por lo que perderá estado parlamentario este año. Esto demuestra el no reconocimiento por parte de nuestros gobernantes de la menstruación como un tema de salud pública y del derecho de todes a acceder a una gestión digna de la misma.  

En conclusión, las personas que menstrúan son más vulnerables económicamente hablando y en este contexto se ven obligadas a asumir un costo por mes extremadamente elevado. Si dichas personas no cuentan con un ingreso económico y/o se encuentra en una situación de indigencia, afrontar ese gasto se hace imposible, poniéndolas en riesgo sanitario y comprometiendo su salud. Es por ello, que desde Comunicadas les preguntamos a las empresas que elaboran y/o comercializan los productos de gestión menstrual si tenían algún sistema de entrega gratuita de productos. De las pocas que nos respondieron, lo hicieron de manera negativa. Solo DIA tiene un programa que quita el IVA de dichos productos los 28 de cada mes.

Frente a la ausencia de programas por parte del sector público (el principal responsable) y del privado, las personas que menstrúan siguen incrementando su vulnerabilidad económica y sanitaria.