En la madrugada del 28 de junio de 1969 la policía irrumpió en Stonewall Inn, el bar que frecuentaba la comunidad LGBTIQ+ de Nueva York. Las redadas eran algo frecuente en aquella época y, gracias al arreglo de los dueños del bar con las fuerzas de seguridad del distrito, siempre se los ponía sobre aviso. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado: quienes habían ingresado al local no eran los “amigos” de la policía de Nueva York, sino agentes federales de la BATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms). Por lo que, en lugar de la clásica redada en la que solo se llevaban a quienes no tenían documentos, los agentes comenzaron a agredir y detener a mujeres trans y travestis por no llevar por lo menos tres prendas acorde a su “género”, tal como dictaba la ley. Además de quienes llevaban a cabo la redada, algo más había cambiado esa noche: la comunidad comenzó a responder y se generaron “disturbios”, que se prolongaron por varios días y culminaron con una manifestación que cambiaría la historia.

La historia cambió, es cierto, la comunidad LGBTIQ+ se defendió y se hizo visible. Salió del subsuelo de la sociedad para marcar las calles de Nueva York, les marginades habían llegado para quedarse. Hoy, 51 años después, las personas LGTBIQ+ aún son marginadas, aún carecen de acceso a muchos derechos que el resto de la gente considera básicos. Según un estudio de la Fundación Huésped de 2014 (el último disponible), en Argentina 6 de cada 10 personas trans sufren situaciones de discriminación social, 3 de cada 10 de estas situaciones se dan en el ámbito de la salud pública. En lo que respecta al área de educación, los números no mejoran, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonaron el secundario. Además, 4 de cada 10 mujeres trans sufrieron abuso sexual y 7 de cada 10 han sido detenidas por fuerzas policiales en algún momento de su vida. La situación de discriminación y acoso diaria sufrida por el colectivo trans provoca que 5 de cada 10 hombres trans y 3 de cada 10 mujeres trans tengan ideaciones suicidas.

Pero además de los derechos a la salud (física y mental) y a la educación, las personas travestis y trans también ven vulnerado su derecho al trabajo: debido a la precariedad laboral ocasionada por la discriminación, tan solo 1 de cada 10 personas trans tiene aportes jubilatorios y su principal fuente de ingresos es el trabajo sexual. Actualmente, existen en nuestro país tres proyectos de ley que promueven la inserción laboral de personas travestis, trans y transgénero. Se presentaron el 05/03 y pertenecen a las diputadas Mónica Macha, Gabriela Estévez y Cristina Álvarez Rodríguez, las tres del Frente de Todes. Los tres establecen, entre otras cosas, un cupo laboral de entre el 1% y el 1,5% para travestis, trans y transgénero en toda la planta del sector público nacional. Iniciativas similares se habían presentado en 2018, pero perdieron estado parlamentario. El cupo laboral travesti-trans fue aprobado a nivel local en varias provincias, tales como la PBA en 2015, Chubut en 2017, Río Negro y Chaco en 2018, y Santa Fe en 2019.

Mucho tiempo pasó desde aquella madrugada de 1969 en la que la comunidad LGBTIQ+ salía a la luz y se defendía de quienes pretendían mantenerla al margen. Un largo camino se ha recorrido y, sin embargo, personas LGBTIQ+ aún siguen siendo discriminadas en los centros de salud, en las escuelas y en los trabajos; también siguen siendo de las más hostigadas por las fuerzas de seguridad. Sus elecciones siguen siendo utilizadas como insultos, como amenazas. Aún hoy día hay personas que sienten que tienen el derecho de increparlas y pedirles explicaciones por que sí, aún hoy día les molesta que no se escondan. El cupo laboral trans es necesario, sí, pero no es suficiente. Una reeducación de la sociedad es necesaria para que se entienda que la libertad no es individual, sino colectiva, y que los derechos de une no valen nunca más que los del otre.