Lucia fue violada por la pareja de su abuela. El trato que está recibiendo por parte del sistema de salud y por las autoridades políticas de la provincia de Tucumán es cruel e inhumano

Lucia (es un nombre ficticio) tiene 11 años y enfrenta un embarazo forzado. Su madre fue privada de la responsabilidad parental en el año 2015, debido a que su pareja  abusó de las hermanas mayores de Lucía, por lo que se hizo un depósito de persona a favor de su abuela materna.

En menos de 24 horas, una petición lanzada en Change.org por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) consiguió casi 15 mil firmas y hoy se sumó como promotora de la solicitud la organización internacional Equality Now.

Lucía está internada en el Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de la capital provincial, a donde ingresó el 31 de enero por “autolesiones”, luego de intentar suicidarse como consecuencia de la situación dramática que está atravesando.

Hoy el embarazo cursa ya casi 24 semanas. Pero fue detectado en el Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad de 7 de Abril, donde la atendieron por primera vez, cuando llevaba 16 semanas, según publicaron medios de Tucumán, como La Gaceta.

Desde entonces, le imponen trabas para practicarle el aborto legal, que ella misma pidió, al decir, frente a una psicóloga en el hospital –según consta en la historia clínica- y publicó el diario Página 12 :“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”.

El 11 de febrero, en Cámara Gesell, la niña reiteró su intención de interrumpir el embarazo, contaba con 22 semanas de gestación. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia realizó del 18 de febrero de 2019 una nueva entrevista a la niña para corroborar la información. Esta actuación del Estado ha perpetuado la violencia que sufre la niña, dando continuidad al delito cometido.

El secretario de Salud de la provincia de Tucumán, Gustavo Vigliocco, llegó a decir que como la niña pesa más de 50 kilos, está en condiciones de llevar a término el embarazo.

La Legislación Nacional es clara respecto de la legalidad de las prácticas de Aborto No Punible y de la falta de requisitos que obstaculicen y demoren estas intervenciones;  desde el Fallo F.A.L se omite como requisito el proceso judicial y basta con el pedido y declaración jurada de la víctima.