El 16 de enero de 2015, la dirigenta política, social e indígena de la organización jujeña Tupac Amaru, fue detenida arbitrariamente bajo la orden del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. De esta manera, su caso fue el inicio del lawfare que luego se desplegó durante toda la presidencia de Mauricio Macri hacia dirigentxs políticos, sociales y sindicales con el objetivo de perseguir y encarcelar.

El pasado 16 de enero se cumplieron 6 años de la detención arbitraria e ilegal sufrida por la dirigente social jujeña, Milagro Sala.  Por ello, el Comité por la Libertad de Milagro Sala, expresó en redes sociales una solicitada bajo el lema “con presos políticos no hay democracia plena”, en donde se deja de manifiesto la preocupación y el repudio por el hostigamiento que vive la líder de la Tupac Amaru.

La solicitada contó con las firmas adherentes de funcionarios del gobierno nacional, artistas, periodistas, representantes de Derechos Humanos, entre otrxs.

El comunicado sostiene que: “La criminalización de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes políticos, sociales y sindicales como práctica durante el macrismo fue una constante que en el caso de Milagro y sus compañeras y compañeros pone de manifiesto la malicia de sus mentores, ejecutores y cómplices”. 

Además se agrega: “ El caso de la líder de la Tupac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que fue el Lawfare en Argentina, y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar dirigientxs políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública”.

En declaraciones a AM 750, Milagro aseguró que en Jujuy "sigue vigente la Gestapo" y señaló que "mientras busca encarcelar a dirigentes opositores y quiere seguir disciplinando al pueblo jujeño", el gobernador Gerardo Morales "continúa con sus grandes negocios".

Es preocupante que en nuestro país siga existiendo una justicia  arbitraria, dónde se prioriza la puja de intereses por sobre el esclarecimiento de los hechos (si así los hubiera). El caso de Milagro, no sólo visibiliza que sea una dirigente social, sino que además hay otras cuestiones que atraviesan su causa: es mujer, indígena y líder política. En este sentido, la justicia patriarcal cumple bien su rol de hostigar todo aquello que no entre en los cánones del androcentrismo, donde el hombre heterosexual sigue teniendo prioridad sobre las mujeres y los géneros disidentes. Por esta razón, es necesaria una reforma judicial que permita la desarticulación de estas maniobras ilegales y que tenga como principal premisa, la igualdad de derechos en el acceso a la justicia, sin importar clase social, género, religión, partido político e identificación étnica.