El lunes, el titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el abogado Héctor Adolfo Seri y ordenó suspender la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que “viola la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción” y por “pone en juego el derecho de la vida de niños por nacer”.

Dentro de sus argumentos, el juez recordó un fallo de 1980 según el cual “la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional”. Pero este fallo no se refería al aborto, sino al pedido de transplante de riñón de la hija menor de edad de una pareja a su otro hijo. También hizo referencia al fallo de la Cámara de Apelaciones de la Justicia de San Juan, que ordenaba a una mujer abstenerse de realizarse un aborto y que luego fue revocado.

En diálogo con TN, el magistrado defendió su fallo diciendo que la Constitución defiende la vida desde la concepción y que él sólo aplica la ley, sin guiarse por subjetividades. Aunque, luego, comparó al ley IVE con el asesinato de niñes.

La Ministra Gómez Alcorta afirmó que el Estado Nacional apelará la decisión del juez. A su vez, el Ministerio aseguró, en un comunicado, que, tanto la ley como el protocolo, fueron aprobados en el contexto del compromiso del Estado argentino con el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos establecidos en el marco jurídico nacional, específicamente, en la Constitución nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación, así como por todas las leyes concordantes de protección de pacientes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre otras.