Hasta hace cuatro años, en Chile el aborto era penalizado en cualquier caso y sin excepciones. En 2017 el Congreso aprobó la ley 21.030, que despenaliza la práctica en tres causales: violación, riesgo de vida e inviabilidad del feto. Pero esto, en un país con alrededor de 150 mil abortos clandestinos por año, no es suficiente; me corrijo: en ningún país esto es suficiente. Es por eso que desde Corporación Humanas prepararon el proyecto de ley que se comenzó a discutir ayer en el Congreso, en el que se propone la modificación de los artículos 342, 344 y 345 del código penal chileno, que establecen penas de mayor o menor grado para quienes se realicen abortos y para quienes los causen (“aún cuando no haya tenido propósito de causarlo”), ya sea sin consentimiento o con consentimiento. El nuevo proyecto propone, en cambio, despenalizar los abortos en cualquier circunstancia (siempre y cuando hayan sido consentidos por la persona gestante) hasta la semana 14 de gestación.

Si bien este es un paso muy importante en la ampliación de derechos y el reconocimiento de la autonomía sobre los cuerpos, lo que se está discutiendo no es el aborto libre, seguro y gratuito. Para que esto sea posible, es necesario que el proyecto lo presente el Poder Ejecutivo, ya que, según la constitución vigente, todos los proyectos que involucren presupuesto del Estado deben ser presentados por la máxima autoridad. En diálogo con Página/12, la diputada Karol Cariola afirmó: “Nos encantaría que esto fuera con un acompañamiento, que fuera el sistema de salud el que garantizara esta prestación”, y advirtió que, actualmente, el Estado “no sólo criminaliza sino que no se hace cargo de atender correctamente a las mujeres”. Esta criminalización es en parte posible gracias a la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, que sigue vigente y continúa limitando derechos. Chile hirió de muerte a la actual Carta Magna en octubre pasado, cuando el pueblo votó por la opción “Apruebo” en el Plebiscito Constitucional, iniciando un proceso de cambio sin precedentes en su historia.

La lucha por la libertad para decidir está estrechamente ligada con la lucha por un país más democrático y justo, un país que se deshaga de la herencia de la dictadura. La reforma constitucional es esencial para conseguir el acompañamiento del Estado y del sistema de salud, que la falta de convicción política hoy no posibilita. Solo así el pueblo tendría las herramientas para hacer valer sus reclamos. Ya conquistaron las calles, ahora conquisten el Congreso.