Hace 73 años, un 23 de septiembre de 1947, se promulgó en el país la ley 13.010 de sufragio femenino, que establecía nuestro derecho a elegir y ser elegidas. Unos años después, en 1951, más de cuatro millones de mujeres ejercimos ese nuevo derecho. Para 1952, había un 20% de mujeres electas en el Senado y un 15% en Diputados. Nos habíamos empezado a abrir paso en el mundo de la política, después de luchar desde principios de siglo por ser consideradas sujetas de derecho.

A pesar del reconocimiento de nuestros derechos políticos en los papeles, los últimos 73 años no fueron fáciles. Aún hoy tenemos que luchar e insistir para que se cumplan y nos cuesta abrirnos paso. A pesar de la sanción de la ley de paridad de género, la representación de las mujeres en el ámbito legislativo y ejecutivo a nivel nacional no llega al 50%, en muchos casos está muy lejos. Esta resistencia a que las mujeres ocupemos espacios de poder tiene su máxima expresión en la violencia política. La violencia política es un fenómeno invisibilizado, pero quienes participan en espacios partidarios y/o de militancia lo viven en carne propia. Esta engloba todo tipo de violencias que se suceden en estos ámbitos (sexual, física, económica, psicológica o simbólica) y que nos dificultan el ejercicio de nuestros derechos.

Abarca el caso de abuso dentro del ámbito partidario/militante, sí, pero también abarca cosas imperceptibles que generalmente se minimizan: el compañero que menosprecia nuestra opinión o no nos deja hablar en las reuniones, el referente que nos pone trabas porque no accedimos a salir con él, las organizaciones que ven la agenda de género como algo secundario, las personas que insultan o agreden a una compañera (una acción violenta en todos los casos) enfocándose en su condición de mujer. En las redes y los medios lo vemos todos los días: el ensañamiento con Ofelia Fernández o los innumerables titulares sobre Cristina Fernández haciendo referencia a su “mal carácter” son solo dos de muchos casos. Podríamos seguir enumerando ejemplos para siempre, pero lo cierto es que son hechos que nos van erosionando y estableciendo un techo invisible de llegada al poder que muy pocas pueden atravesar. Según un estudio realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, 8 de cada 10 mujeres argentinas vivieron situaciones de violencia a lo largo de sus carreras políticas.

El año pasado se dio un gran paso hacia un ejercicio pleno de este derecho: se tipificó la violencia política dentro de las violencias contra las mujeres descritas en la ley 26.485. Pero esto no es suficiente. Mientras se sigan naturalizando y minimizando estas prácticas, nuestro camino va a continuar estrechándose y llenándose de baches. La desnaturalización debe surgir de nosotras mismas, ya no hay que callarse ante los atropellos, no hay que pensar que son parte de la “rosca” ni reproducirlos cuando llegamos a espacios de poder. No tenemos que aceptar condiciones desiguales, porque, como bien nos dijo Evita: “Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es, en definitiva, el destino de su hogar”.