La semana pasada, la justicia ordenó al GCBA que lleve a cabo un censo de personas trans y diseñe e implemente un plan de políticas de empleo y vivienda para este colectivo, que sufre históricamente de discriminación y ve sus derechos vulnerados.

La resolución fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Gallardo, quien dispuso que el gobierno lleve a cabo la convocatoria para el censo a través de los medios y en el plazo de 60 días. Deberá compilar información sobre la edad, situación laboral, ingresos, salubridad, formación profesional y académica, entre otros. Además de diseñar un plan de políticas públicas de empleo y otorgar un subsidio que cubra el valor de una vivienda digna. Esto último se realizará a través del Ministerio de Desarrollo Humano, que deberá crear un área específica dedicada a las personas LGBT+.

La demanda fue iniciada por el Defensor del Pueblo Pablo De Giovanni, la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) y cuatro mujeres trans que vivían en condiciones de hacinamiento en un hotel de Palermo. Adhirieron también la FALGBT (Federación Argentina de Lesbianas Gays y Trans) y la Defensoría LGBT. Esta demanda inicial luego se amplió a todo el colectivo con la convocatoria por parte del juzgado a todas las personas travestis y transexuales en estado de vulnerabilidad a presentarse en el expediente.

Con este fallo, el juez pone en evidencia la falta de políticas del GCBA para la comunidad LGBT+, el cual, según lo expresado por el magistrado, reconoció no tener datos oficiales sobre la población que integra este colectivo. Gallardo agregó en su fallo que el Ejecutivo de la CABA “ha sacado a escena una actitud negadora y desdeñadora” ante las personas trans que están expuestas “a importantes riesgos, no solo en su salud e integridad física, sino incluso en su vida como consecuencia de la discriminación que padecen y la falta de contención”.