El Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad un proyecto que tipifica el acoso callejero como un modo de violencia de género y introduce su definición en la ley 26.485 (Ley de Protección Integral a las Mujeres) . Además dio media sanción a otra iniciativa que contempla como ilícita la violencia política en contra las mujeres en su ámbito de trabajo.
La norma describe como violencia pública política contra las mujeres a aquella que, mediante métodos de presión, persecución, acoso y/o amenazas, impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejercicio político o la carrera política de las mujeres.
En declaraciones al diario La Nacion, la titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango dijo "La mayoría de las mujeres hemos sido víctimas de este tipo de acoso por parte de los varones que tratan a las mujeres como simples objetos de deseo en la calle" y sobre la normativa de violencia política también afirmó que "todas sufrieron algún grado de violencia política, especialmente desde los medios de comunicación".
En referencia a la ley de acoso callejero se propone incorporar una línea que asista de forma gratuita a quienes sufrieron acoso callejero y la elaboración de estadísticas. La coordinación estaría a cargo del Instituto Nacional de la Mujer. También busca articular en el seno del Consejo Federal de Educación la inclusión de contenidos mínimos curriculares sobre la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia y la libertad.
Además la norma establece que es necesario capacitar a las fuerzas de seguridad a actuar en estos casos.
El proyecto sobre acoso callejero había sido presentado por la ex diputada Diana Conti (FpV) y había avanzado hasta su media sanción en aquella cámara hace un año y medio, en septiembre de 2017.
Las iniciativas avaladas por el Senado deberán ser giradas ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
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