En un fallo histórico en Entre Ríos la justicia ordenó al Estado indemnizar a una mujer a la que hace siete años atrás se le negó el acceso a la interrupción legal del embarazo. La sentencia considera que se violó su derecho humano a acceder a la salud.

La mujer tenía 36 años y una enfermedad congénita que le ocasionaba serias complicaciones de salud y el embarazo las agravó. El 4 de agosto de 2011 se acordó en un ateneo interdisciplinario, en Paraná, realizar un aborto terapéutico, contemplado en el artículo 86 del Código Penal. Ella dio su consentimiento. Una semana después, en el momento en que estaba entrando al quirófano, en el Hospital San Martín, irrumpió un médico ajeno a la institución, conocido por su militancia antiderechos en Paraná, que amenazó a sus colegas con denunciarlos si seguían adelante con la práctica.

La ILE no se realizó, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas donde tres meses después le realizaron una cesarea. A los siete días sufrió un ACV que le provocó la parálisis del lado izquierdo de su cuerpo.

La mujer demandó al Estado provincial y la sala segunda de la Cámara Segunda de Paraná confirmó un fallo de primera instancia que ordenaba una reparación económica por los daños ocasionados en su salud.  Ella tuvo cinco abortos espontáneos, en 1997, 1999, 2001, 2002 y 2005. El último cuando cursaba el sexto mes de embarazo y se había evaluado que había un “alto riesgo” para su vida de continuar la gestación. Al mes de ese último aborto espontáneo, en el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, le autorizaron una ligadura de trompas, dado que cada nuevo embarazo ponía su vida en peligro, pero no se la realizaron porque el “quirófano no estaba en condiciones”. Volvió al hospital con un nuevo embarazo de 10 semanas